El caso de Martín Castellucci, muerto a golpes por un patovica hace seis años en un boliche de Lanús, no les movió un pelo a quienes administran la cosa pública en Tucumán. Tampoco la agresión de hace un mes y medio en Trelew a un joven, Julián Espina, difundida en un video en Youtube. La muerte de Castellucci (el 7/12/ 06) llevó a que en 2009 se reglamentara la Ley nacional 26.370, que establece registro de empresas y de personal de seguridad y obliga a capacitación en derechos humanos y a presentar aptos psicofísicos para tratar con los clientes de los locales de baile. La ley rige en la Nación y en Buenos Aires, pero no en Tucumán, y pese a que el escándalo derivado de la discriminación a dos jovencitas en un boliche llevó a que se presenten dos proyectos de ley de adhesión, aquí se sancionó una norma -de "diversión segura"- que obliga a poner cámaras en la entrada de los locales. Además, no se sabe si esta ley va a tener vigencia, porque establece una pelea política con el Ejecutivo al plantear que la autoridad de aplicación sea Defensa Civil y no el polémico IPLA.
¿Qué significa esta ley de "diversión segura"? Parece sensata, pero salta a la vista que rápidamente se apostó a la fantasía de que las cámaras de vigilancia solucionan todo y que el ojo del "Gran Hermano" será suficiente para que un patovica agresivo se sienta controlado y morigere su mal carácter o deje de discriminar. De paso, alguna empresa proveedora de filmadoras hará negocio con los aproximadamente 70 boliches y cientos de bailantas, más los clubes y otros locales que hacen fiestas cada fin de semana.
¿Por qué no se trató el tema de los patovicas en la Cámara? Los legisladores no lo explican. Una respuesta es que la comisión de Seguridad de la Legislatura no le dio prioridad; y otra, que los que presentaron los proyectos de adhesión a la 26.370 aún quieren pulir detalles de sus propuestas.
La verdad es que el tema patovicas representa un problema cultural muy fuerte (lo plantearon hace una semana los chicos que fueron concejales por un día) y a la vez parece difícil de resolver. Por un lado, implicaría grandes cambios en un negocio complejo. Cuando se elaboró la norma nacional se determinó que el 90% del personal de los boliches (de Buenos Aires) estaba en negro. Acá hay locales céntricos que tienen 40 personas trabajando, y bailantas que ocupan al menos seis (no todos son específicamente patovicas, por cierto). Muchos contratan servicios adicionales de la Policía (como sugiere una lectora en una carta de ayer, al señalar que en un club del barrio Portal del Cerro en Yerba Buena había camionetas, motocicletas y agentes custodiando una fiesta privada). La Ley nacional prohíbe específicamente que estos locales contraten servicio adicional de policías. Para los dueños de boliches es mucho más fácil comprometerse a poner cámaras filmadoras que blanquear al personal, dejar de contratar la mano de obra barata policial y, sobre todo, capacitar a los patovicas en buen trato y hacer un control sobre su comportamiento. Les basta con que sean grandotes y efectivos en el manejo de gente díscola. Por eso cuando LA GACETA juntó en un debate a las chicas que denunciaron discriminación en el boliche de la calle Santa fe con el dueño del local, éste justificó totalmente a su patovica. Y, lo que es peor, una buena parte de los lectores estuvo de acuerdo con el duro "derecho de admisión" que impera y justifica la discriminación.
El problema va mucho más allá de poner filmadoras. El padre de Martín Castellucci, Oscar, dice que el Estado es contradictorio y que no sabe bien cómo combatir la naturalización de la discriminación, la violencia y la estigmatización de los jóvenes; y, sobre todo, no sabe cómo dejar de mirar para otro lado cuando el más fuerte -con total desparpajo- se impone al más débil.